“ESTO HUELE A MÁS EXTORSIÓN”
El año pasado se
develó la existencia de una red de extorsión que operaba desde el Ministerio de
Gobierno y que tenía sus tentáculos en diferentes niveles de la administración
de justicia y la fiscalía, logrando doblegar el sentido de las decisiones
jurisdiccionales a los intereses económicos de esos circunstanciales operadores
gubernamentales.
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| Implicados en la supuesta "Red de Extorsión" |
Lo interesante de
este hecho fue que, la investigación interna y la consiguiente denuncia fue
hecha por el mismo Ministerio de Gobierno, coincidentemente con el bullado caso
del estadounidense Jacob Ostreicher, acusado por lavado de dólares del
narcotráfico y que llevó a una intervención directa del renombrado actor
norteamericano Sean Penn.
Entonces, la
oposición había sugerido la conformación de una comisión multipartidaria que
lleve a cabo las investigaciones desde el Órgano Legislativo, propuesta a la
que me opuse afirmando que no consideraba que estaban dadas las condiciones más
óptimas en el oficialismo y tampoco en la oposición para encarar de manera
responsable una investigación de esta naturaleza, y que simplemente acabaría en
dos informes, de mayoría y minoría, alejándonos de la verdad tras cortinas de
humo cargadas de alto contenido partidista.
También entonces, había
sugerido que si realmente queríamos llegar al fondo de la verdad, debíamos
asumir de consenso la convocatoria al Fiscal General del Estado
–institucionalizado y posesionado pocas semanas antes-, con el propósito de que
explique los avances de su investigación, situación que no mereció mayor
respaldo en ninguna de las dos veredas políticas.
Hoy, a varios meses
de esos sucesos, nos enteramos que el principal procesado por el caso de la red
de extorsión, ha hecho saber que cuenta con pruebas que incriminarían a niveles
superiores de Gobierno en casos particularmente sensibles como los
enfrentamientos en La Calancha, la intervención de la marcha indígena en
Chaparina, los sucesos del desmantelamiento de la banda terrorista en el hotel
Las Américas, etc., todo en medio de denuncias sobre el peligro que corren sus
vidas en la cárcel.
Ante estos nuevos
hechos, la oposición ha insistido en la conformación de una comisión
multipartidaria en la Asamblea Legislativa Plurinacional para que investigue
estas pruebas y visite a los procesados por la red de extorsión en el penal, lo
que nos provoca las siguientes preguntas: ¿qué es lo que se pretende?, ¿llegar
a la verdad de los hechos o simplemente echar una cortina de humo entre dimes y
diretes políticos?, ¿esclarecer ante el pueblo de Bolivia lo sucedido o montar
un show político de alcances mediáticos con fines electorales?.
En la última sesión
de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el pedido de formación de la comisión
multipartidaria se ha derivado a la Comisión Mixta de Justicia Plural que debe
evaluar si procede o no, y mi posición es invariable, no considero que hayan
mejorado sustancialmente las condiciones, ni en la oposición ni el oficialismo,
para que esa investigación sea veraz.
En definitiva,
quienes circunstancialmente expresamos la representación política del pueblo
boliviano, no podemos prestarnos al juego de quienes hoy están siendo
procesados por la red de extorsión y que mediante la presión extorsiva de “nuevas
pruebas”, pretenden enlodar el sistema político con propósitos estrictamente
particulares.
¿Qué pretenden los
procesados por el caso de la red de extorsión?, ¿a qué apunta esa actitud de
decir medias verdades o medias mentiras, como mejor se quiera entender?,
¿estarán ocultando pruebas de lo que realmente sucedió?. La intuición popular
ha definido del siguiente modo: “esto huele a más extorsión”.
Así como afirmo que
no es posible una investigación parlamentaria seria, también debo manifestar
con mayor convencimiento, que el pueblo boliviano tiene la necesidad y el
derecho de saber toda la verdad de lo sucedido, caiga quien caiga. Que se hagan
públicas estas “pruebas” y que sea el Ministerio Público –que es la instancia a
la cual le corresponde-, que considere la prosecución, el seguimiento y/o
apertura de nuevas investigaciones.
Los procesados gozan
de la presunción de inocencia hasta que la justicia no diga lo contrario e
igualmente merecen que se les garantice su vida e integridad, pero también ya
basta de tener al pueblo boliviano ante la permanente expectativa de publicar
fotos, videos, audios, documentos o lo que sea, para fines de dudosa
legitimidad y que dicen muy poco de la conducta ética de quienes juegan con esa
baraja.
En definitiva, en mi
condición de Asambleísta, considero mi deber emitir una posición al respecto,
la cual resumo en los siguientes puntos:
2. Los procesados tienen derecho a que se les garatice su vida e integridad.
3. La investigación parlamentaria no es la vía adecuada para saber la verdad.
4. La Fiscalía debe cumplir su rol institucional en la investigación de los hechos.
La Paz, 8 de Julio de 2013.
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