Nuestra Opinión

CRISIS EN LA JUSTICIA: CUMBRE ESPECIALIZADA

Han transcurrido poco más de dos años desde que el pueblo boliviano fue convocado a elegir las máximas autoridades de la justicia conforme prevé la Constitución Política del Estado y, desde entonces, lamentablemente sólo se ha tenido conocimiento de hechos que empañan cada vez más la ya bastante maltrecha imagen institucional que había quedado de la justicia de la época republicana.

Uno tras otro han ido acumulando escándalos que lo único que han logrado es aumentar la desconfianza en el sistema de la justicia boliviana, lo que ha acabado traduciéndose, primero, en las denuncias de cuoteo político en la asignación de puestos notariales en La Paz desde el Consejo de la Magistratura (CM); luego, la  renuncia y sustitución del Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); en días  pasados el pedido de renuncia a su Presidente, por la mayoría del pleno del Tribunal Agroambiental (TA), y el día de ayer, la renuncia del Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Èste último hecho ha sucedido después de un entredicho mediático entre el Presidente renunciante con uno de los Magistrados, además de desafortunadas declaraciones a propósito de supuestos “pinchazos telefónicos” y espionaje al interior del máximo tribunal tutelar de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales.

Además hay que tener en cuenta que todo lo anterior tiene como antecedente inmediato el escándalo referido a la denominada “red de extorsionadores” que habría alcanzado ciertas instancias del Ministerio Público y del Ministerio de Gobierno.

Ante estas, por demás evidentes, señales de descomposición institucional, lo que más preocupa es que, siendo la justicia un ámbito de ejercicio estatal de mucha sensibilidad para el conjunto de la sociedad, el que se den estos escándalos significa cada vez mayores niveles de desconfianza, incertidumbre, susceptibilidad y hasta inseguridad en la administración de justicia, lo que puede repercutir en escenarios de desconcierto axiológico, respecto a los que es correcto, cierto, bueno y justo, ameritando, en consecuencia, la necesidad de encarar profundas reformas estructurales en el sistema de justicia.

Ha habido diversos criterios sobre cómo encarar esta reforma, algunos asambleístas han sugerido desde las filas del oficialismo que debería constituirse una instancia suprainstitucional que supervise disciplinariamente las acciones de los encargados de operar el sistema de justicia, sin embargo esta instancia interinstitucional no está prevista en la Constitución Política del Estado y se corre el riesgo de sobreponer atribuciones a las que ya tiene el Consejo de la Magistratura; de otra parte, el Presidente Constitucional ha sugerido una cumbre social-jurídica, sin embargo hay que recordar que esa cumbre social se ha llevado a cabo el año pasado a instancia del Òrgano Judicial; luego ha habido la propuesta del Jefe Político del Movimiento Sin Miedo, quién ha propuesto que deben renunciar todas las autoridades judiciales electas, a lo que hay que señalar que el problema no se reduce a cambio de personas, sino que la problemática es mucho más compleja y profunda; finalmente, en horas recientes, el Jefe Político de Unidad Nacional, ha sugerido que se convoque a rectores y docentes de Derecho del sistema universitario para que sean quienes eleven propuestas para la renovación de las autoridades judiciales, lo que no guarda relación con el texto constitucional.

Ante este mar de propuestas, atrevo a sugerir una más que tiene que ver con la necesidad de valorar el conocimiento y la experiencia de la gente entendida, académica y especialista en la ciencia del Derecho y la administración de justicia, por lo que considero que debería convocarse de manera urgente -desde el Ministerio de Justicia-, a los Colegios de Profesionales, las Facultades de Derecho, las Asociaciones de Magistrados, Autoridades Originarias encargadas de administrar justicia y estudiosos de la ciencias jurídicas, a una cumbre especializada que discuta y proponga las reformas estructurales que se requieren para salvar la justicia en el país.

La Paz, 20 de Febrero de 2014.