Nuestra Posición

Proyecto de Ley de Minería y Metalurgia:

POSICIÓN DEL SENADOR POR POTOSÌ EDUARDO MALDONADO IPORRE

He insistido por más de dos años en la necesidad de consensuar el Proyecto de Ley de Minería y Metalurgia con las regiones productoras y he criticado que sólo se lo haga con los actores productivos mineros a espaldas del pueblo boliviano.

También he insistido con mis observaciones sobre algunos temas puntuales que debería considerar el referido documento:

1. La distribución de las regalías mineras, que se pretendía restar en 5% a las Gobiernos Autónomos Departamentales para destinarlo a favor del Tesoro General de la Nación (menos mal que el Presidente Evo Morales rectificó a los pocos días que esta disminución ya no iba).
2. La escala de alícuotas regalitarias, que son los porcentajes de regalías que se paga por la explotación de cada mineral y que van del 1% hasta el 7%. Esta es una herencia del Código Minero de Goni de 1997 que se hizo cuando los precios internacionales de los minerales estaban bajos y que el actual Proyecto de Ley mantiene.
3. La sede de la COMIBOL y la nueva institucionalidad minera autárquica, que por mandato del Art. 372-IV de la Constitución Política del Estado corresponde sea en Potosí y Oruro y que el Proyecto de Ley no hace referencia a nada de esto.
4. La participación de las gobernaciones y alcaldías en las empresas estratégicas del Estado, así sea como socios minoritarios, pero que lamentablemente en el proyecto de ley se prohíbe expresamente.

Conferencia en sala de Prensa de la
Cámara de Senadores (31/marzo/2014)

A todo lo anterior se suma el hecho de que las regiones productoras, no son consultadas y se les niega la palabra en la elaboración de la ley. Las universidades, entidades cívicas y laborales, autoridades departamentales y municipales -que en muchos casos tienen embargada la voz por sus compromisos políticos-, no han merecido la más mínima consideración de parte del Gobierno central.

Las reuniones del Gobierno con el movimiento cooperativista minero nacional lo único que han ratificado es que este Proyecto de Ley ha sido elaborado a puertas cerradas y aunque se ha hecho saber que se ha consensuado con los regantes, lo evidente es que se tratan de parches y remiendos que no subsanan el problema.

Exijo al Gobierno un mínimo de coherencia en la defensa de los recursos naturales, no puede ser que tengamos una actitud dual, nacionalizadores en política hidrocarburífera, pero permisivos y condescendientes en política minera.

Por todo lo anterior ratifico que, la pretensión gubernamental de forzar la aprobación del proyecto de Ley de Minería y Metalurgia, es un absoluto despropósito y lo único que ha de conseguir es que haya mayor conflictividad en torno a la actividad minera. Este documento no goza de la legitimidad que requiere el tratamiento de un Proyecto de Ley referido a la explotación e industrialización de la segunda fuente de riqueza del país.

Paremos el tratamiento del Proyecto de Ley, hagamos borrón y cuenta nueva para redactar otro documento con la participación de todo el pueblo de Bolivia y especialmente con el concurso de las regiones productoras de minerales.

La Paz, 29 de Abril de 2014.