Nuestra Posición

EL SENADOR EDUARDO MALDONADO IPORRE DEFIENDE SU POSICIÓN DE SUSPENDER EL TRATAMIENTO DE LA LEY MINERA 

NOTA DE PRENSA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO PÁGINA SIETE EN SU EDICIÓN DEL DÍA MARTES 06 DE MAYO DE 2014.

EN LA NUEVA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE MINERÍA

Observan sanción “automática” de nuevos contratos mineros

El artículo 132 del proyecto de ley dispone que los contratos deben ser aprobados en 90 días, en caso contrario se considerarán sancionados, lo cual va contra la Constitución.

Martes, 06 de mayo de 2014 Página Siete  

Lidia Mamani / La Paz

La nueva redacción del artículo 132 de contratos sujetos a aprobación legislativa, en el  proyecto de Ley de Minería, fue observada por  un senador del MAS y un abogado constitucionalista, quienes afirman que   va contra las atribuciones de la Asamblea Legislativa y vulnera  la Constitución Política del Estado (CPE).

 La  nueva redacción del parágrafo II del artículo 132 señala que "los contratos mineros que sean remitidos a la Asamblea Legislativa Plurinacional deberán ser aprobados en un plazo no mayor a 90 días. Caso contrario, el contrato se considerará aprobado y se tendrá por concedido el consentimiento del Estado con la promulgación de la ley respectiva, debiendo devolverse obrados al Órgano Ejecutivo para la correspondiente protocolización notarial”.

"La Constitución Política le da un mandato al Órgano Legislativo; siguiendo el procedimiento legislativo, se debe aprobar todo contrato  que comprometa la fe y el interés del Estado a nombre del pueblo boliviano y mucho más si se trata de recursos no renovables de carácter estratégico; estamos hablando de que el Estado boliviano debe cumplir esta formalidad procedimental que hace a la legitimidad de los contratos”, enfatizó el senador Eduardo Maldonado.

En consecuencia, el legislador del MAS considera  que plantear la aprobación "ipso facto” (en el momento) de un documento, tras haber transcurrido un plazo perentorio para el Legislativo, es tanto como poner "contra la pared al Órgano que  representa la voluntad popular”.

En su criterio, esa propuesta de disposición en la  futura Ley de Minería es subordinar el debate que debe hacer la Asamblea a las "necesidades e intereses” de determinados  grupos de poder económico minero.

"Pedimos al Gobierno que sea coherente en la defensa de los  recursos naturales y que haga respetar el espíritu constitucional. ¿Cómo se puede entender que hayamos sido firmes  nacionalizadores en materia de hidrocarburos, pero a la hora de discutir la segunda fuente de ingresos, en materia de minería, seamos permisivos, blandos y condescendientes?”, cuestionó Maldonado.

El pasado miércoles 28, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que el Gobierno  llegó a un consenso con los cooperativistas mineros y los regantes en la nueva redacción de algunos artículos del proyecto de Ley de Minería, que fueron observados por la Asamblea, que hizo que la  norma se  paralice desde el 31 de marzo.

En el caso particular del 132, dijo  que se acordó que   la aprobación legislativa de los nuevos contratos mineros se debe hacer en  90 días. De no cumplirse este tiempo, deberán ser aprobados "por aplicación del silencio legislativo”.
El abogado constitucionalista William Bascopé precisó ayer que no existe el  "silencio legislativo” y que no se puede ir contra  la CPE. 

"La aprobación ya sea  en 40, 90 o 100 días es del Legislativo, ellos verán   cómo aprobar, es una tarea que el pueblo  les da mediante la Constitución. Acá  no son válidas las propuestas, sino  que los contratos deben ser revisados por el Legislativo y el Ejecutivo no puede tratar de esquivar o hacer  un quiebre a la Constitución, tiene que cumplir con lo que dispone”, dijo.

Remarcó que el gas y los minerales son recursos estratégicos del Estado y éstos  no pueden  dejar de aprobarse  como otras leyes de "carácter ordinario”.

Página Siete se contactó con el Ministerio de Minería, pero no obtuvo respuesta.  

La  Constitución

Mandato El parágrafo II del artículo 348 de la Constitución establece que "los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país”.

Disposición Los recursos son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano  y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo.

 Entrega El 23 de abril, el presidente Evo Morales afirmó que se superó el conflicto con los cooperativistas mineros y que no hay ningún artículo que vaya  contra  la Constitución, por lo que el proyecto  será enviado a la Asamblea Legislativa.

El proyecto de Ley de Minería  está listo, aseguran

El presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, informó ayer que  la comisión técnica que redacta el proyecto de Ley de Minería y Metalurgia presentará hoy sus conclusiones a los ministros de Minería, César Navarro, y de Gobierno, Carlos Romero.

"La Ley de Minería tuvo dos acuerdos, uno con el sector cooperativista y otro con los regantes; sobre esa base se trabaja en todos los artículos que también podrían afectar a otros, el tema regantes, tema agua y medio ambiente”, dijo en una nota de prensa.

Agregó que la aprobación y tratamiento de la futura norma está prevista a partir del miércoles y la próxima semana será analizada por el pleno de la Cámara de Senadores.

 El diputado José Antonio Yucra anticipó que la comisión integrada por los presidentes  de Diputados, Marcelo Elío, y de Senadores, Eugenio Rojas, además de las comisiones de Economía Plural de ambas cámaras, iniciará la redacción final de la Ley de Minería y Metalurgia tras los acuerdos a los que llegó el Ejecutivo con los cooperativistas mineros sobre tres artículos que fueron observados.

"Creo que los avances que se hicieron entre el Gobierno y las cooperativas, los regantes y algunos otros que estaban disconformes con este proyecto se han zanjado y los acuerdos a los que se ha llegado van a primar. La Constitución está ante todo, especialmente en relación al artículo 151, que era el más conflictivo”, afirmó el legislador.

El senador Eduardo Maldonado demandó   suspender la aprobación del proyecto  debido a que no se escuchó a las regiones.